Publicada Ley N° 20.636, el 17/11/2012 que modifica el Bono Post Laboral de la Ley 20.305 para funcionarios municipales

Esta ley “ayuda a las personas que reciben pensiones miserables producto de un Estado irresponsable que por largos años no les impuso por el total de las remuneraciones que recibían. Eso significó que su bono de reconocimiento fuera bajo y por lo tanto, esos ex colegas hoy reciben pensiones miserables. Esta Ley regulariza la situación de aquellas personas a las que les fue rechazado o suspendido el pago del bono post laboral entre el 1 de enero de 2009 y la fecha de publicación de esta ley.

En esta Ley se establece, además, el principio de la responsabilidad administrativa de la autoridad que no realice o haga extemporáneamente las gestiones para acceder al bono post laboral.

Con esta Ley se pretende corregir un problema en el pago del bono post laboral. “Es un beneficio largamente esperado por miles de funcionarios públicos y que ayuda a mejorar mínimamente sus deficitarias pensiones derivadas de la subcotización que el Fisco realizó por tantos años. Hubo varios servicios que informaron mal a sus trabajadores los que no pudieron acceder al bono y se da un nuevo plazo para que los interesados puedan impetrar este beneficio”.

EL PROBLEMA DE FONDO DETRÁS DE ESTA NORMA LEGAL 

Si bien es cierto, esta Ley soluciona un problema puntual, pero no ataca el tema de fondo. “Más allá de los bonos post laborales, el fondo del tema es que personas que trabajaron 40 años de su vida en el sector público que tenían rentas de $700, $800 o un millón de pesos terminan con jubilaciones de $170 mil, $190mil o $240 mil pesos. Esto es lo grave de esta manera perversa donde el Estado da bonos que no son imponibles y estas colegas terminan con pensiones indignas con la vida que se merecen. No se resuelve el problema de fondo que el Estado de Chile es mal empleador”.

Este proyecto “trata de suplementar este bono post laboral, pues en su momento no hubo información apropiada, hubo información equivocada y en algunos casos algunos jefes de servicio no dieron curso a las solicitudes en la forma apropiada. Con esto se amplían los plazos requeridos, se acomodan las condiciones y se facilita la situación especialmente para un listado de municipios del País.

Este proyecto apunta a “aminorar el daño previsional que han tenido los trabajadores públicos y municipales, cuando los obligan a someterse a un sistema de previsión que recoge los defectos en que el propio Estado no pagó las imposiciones correspondientes a las remuneraciones que tuvo el sector público. El tema de fondo es el daño previsional que sufrieron los trabajadores que se involucraron en un sistema previsional en la década del 80 que es un sistema económico y un buen negocio para quienes administran”.

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